¿Por qué es responsabilidad de todos cuidar el medio ambiente?

Recordemos que nuestra máxima Carta Magna, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 establece la vía mediante cual se garantizará el acceso a un “medio ambiente sano” bajo la modalidad de un “derecho humano” para todos los ciudadanos dentro del territorio mexicano.

Así que, por tratarse de un derecho humano bastante generoso en cuanto a sus variantes y contenido, México está obligado a crear y actualizar constantemente un extenso catálogo normativo desde la índole municipal, estatal y federal, bajo una esfera competencial de carácter individual y concurrente por las distintas autoridades con la intención de garantizar su cumplimiento, al mismo tiempo que se respeta el resto de los derechos consagrados y que todos somos beneficiarios de ellos.

Hablando del “derecho a la ciudad” y un “ambiente sano”, contienen diversos derechos sociales, por lo tanto, adquieren cierto grado de dificultad al exigir su implementación a nivel Constitucional, esto implica cambios estructurales en los esquemas de producción, consumo y en las estrategias gubernamentales para la aprobación del crecimiento y aprovechamiento de los recursos naturales. Se refieren a la búsqueda de soluciones contra los efectos negativos de la globalización, la privatización de los recursos naturales, aumento de la pobreza mundial, contaminación global y los efectos de los modelos inmobiliarios voraces. Demostrando que particularmente la crisis del mercado inmobiliario en México es una crisis con orígenes en los procesos de urbanización y construcción, en ese sentido, la vía de solución se encuentra sobre la administración pública en sus actos de autoridad tendientes a regularizar la urbanización y construcción horizontal y vertical, resguardando los lineamientos culturales y ecológicos.

Como consecuencia, se establece principalmente una doble responsabilidad a la ciudadanía que debe atenderse sí se pretende garantizar un medio ambiente sano para futuras generaciones:

1. Resguardar y vigilar el proceso normativo: Todos tienen la responsabilidad de elegir conscientemente a nuestros representantes legislativos y “hacer política” aportando nuestra respectiva contribución de análisis y difusión durante la creación y la ejecución de las propuestas legales, así lograr priorizar las de mayor relevancia, cuidando a nuestros diversos ecosistemas.
2. Ejecutar las normas y velar por el medio ambiente: Todos los ciudadanos somos responsables directos de cumplir las distintas normas y acatar los lineamientos que favorezcan el cuidado al medio ambiente.

De tal manera, que todo ciudadano es responsable (moral, política y legalmente) a proteger el medio ambiente para poder gozar del mismo con una visión a corto, mediano y largo plazo.

Por otra parte, desde el punto de vista del derecho urbano, las ciudades en todo el territorio mexicano presentan diversas condicionantes físicas, sociales y urbanísticas, provocando que los tres niveles de gobierno se vean en la necesidad de actualizar constantemente sus estrategias, esquemas de trabajo y formas de evaluación de resultados. Dejando en un segundo plano, la evolución de la normativa y la aplicación de figuras jurídicas.

Tales efectos producen durante el diseño y la planificación del territorio mexicano al momento de establecer centros de población acorde a los lineamientos para una vida digna en ecosistemas con una extensa biodiversidad, una limitación en el cumplimiento de los objetivos gubernamentales planteados durante cada cambio de administración. Así que el acceso al suelo urbano ya sea regularizado o reconocido formalmente como urbano, constituye un factor decisivo de integración a la ciudad y equivale a la primera forma de reconocimiento de una plena ciudadanía para detentar los recursos naturales y demandar el cumplimiento de derechos sociales al Estado, por medio de mecanismos jurídicos que garanticen disminuir y erradicar los asentamientos humanos irregulares por no gozar plenamente de los servicios de infraestructura básica, formando parte de las estrategias de ordenamiento territorial y cuidado al medio ambiente de las políticas públicas en que toda agenda pública deben considerarse.

Aun cuando, a pesar de existir determinadas demandas por parte de la sociedad, las autoridades se ven obligadas a trabajar exclusivamente con lineamientos jurídicos obsoletos, así como leyes, reglamentos y demás normas que presentan lagunas legislativas o criterios desactualizados a la realidad latente de nuestras ciudades.

Contemplando a todos los participes de la sociedad, particularmente a la “población flotante” que contribuye a la generación de recursos económicos y comerciales de una zona territorial, no obstante, genera cargas a los distintos ayuntamientos, debido a que transita por las diversas vialidades principales y colectores, ya sea por medio de vehículos propios o de transporte público, además de consumir los servicios de agua y electricidad, produciendo basura y residuos contaminantes.

Aquí surge la importancia de atender nuevos esquemas jurídicos en materia urbana y ambiental desde distintos enfoques gubernamentales durante el desarrollo de las futuras estrategias políticas, lo que se traduce en requerirse gobiernos con visiones dirigidas a la ciudadanía y la planificación ordenada de las ciudades, acompañado de una ciudadanía responsable con los entornos ecológicos.

Dicho cambio metodológico en la aplicación y evaluación de las políticas públicas, son la vía para emplear adecuadamente el presupuesto público de los municipios y continuar con el cumplimiento del objetivo de proyectar una construcción de un “bien común” para nuestro México, y nuestro Jalisco. Sin olvidar que el concepto jurídico de “ciudadanía” y “medio ambiente” surgió en los orígenes de los asentamientos irregulares, desde allí se universalizó a todos los ámbitos territoriales, convirtiéndose en un papel fundamental durante el crecimiento poblacional y la garantía de los derechos y libertades humanas, integrando a todos los habitantes en igualdad de circunstancias, debiendo se les garantizar su adecuada circulación y acceso libremente al espacio público, los servicios urbanos, la infraestructura y los equipamientos comunitarios, en otras palabras, en aras de un bienestar colectivo.

Por lo tanto, es indispensable promover políticas y mecanismos enfocados al desarrollo prioritario y resguardo al medio ambiente, por tornarse como la solución necesaria tras los fenómenos sociales en el territorio que concentran distintos elementos urbanos – ambientales, en conjunto a la atención de espacios de diversificación social, económica y política, ponderando que los asentamientos humanos en la nación sean considerados como un espacio de desarrollo humano con funciones sociales, en lugar de ser valorados con fines de explotación económica según las tendencias del mercado inmobiliario.

Bajo esta argumentación, recordemos que México es un país con extensas desigualdades socioeconómicas, alojando a distintas clases sociales desde las últimas décadas, particularmente Jalisco se ha transformado considerablemente ante una urbanización progresiva pero fragmentada, generando una sociedad cada vez más polarizada dentro de una expansión territorial voraz gracias a los promotores inmobiliarios que se oponen constantemente a las normas de protección del patrimonio nacional, cultural y ecológico, además que promueven la creación de conjuntos inmobiliarios completos pero exclusivos para la población de mayores ingresos, dejando los desarrollos carentes de servicios e infraestructura para satisfacer el mercado inmobiliario de menores ingresos.

Considerando que las “ciudades” se definen como un espacio público y colectivo construido por generaciones de personas durante el transcurso de la historia, por ello su aprovechamiento y usufructo es de interés público, debido a que forma parte de un complejo resultado sociocultural, con el objeto de satisfacer las necesidades colectivas y garantizar una calidad de vida digna en entornos asequibles. Sin embargo, en la realidad se ha resaltado una planificación de ciudades sin considerar las peticiones de los ciudadanos, generando un menoscabo en el ejercicio del derecho a la ciudad y del medio ambiente sano.

Por ello, todos los ciudadanos debemos buscar reivindicar la gestión democrática de la ciudad y los recursos naturales, aduciéndose en la participación ciudadana en todos los ámbitos procesales durante la gestión urbana y de las políticas públicas, apostándose por esquemas políticos democráticos y equidad ciudadana.

Toda vez que la normativa jurídica debe aplicarse bajo un enfoque que atienda a la necesidad colectiva considerando previamente a los mecanismos de consulta a la población durante la realización de los distintos proyectos urbanos, siendo que particularmente Jalisco lo hará por medio de sus municipios, tratando de incentivar el desarrollo y construcción en la necesidad de erradicar y disminuir las complicaciones de la ciudad. Así se procuraría contribuir a la construcción de una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y fortaleciendo el tejido social, en conjunto con el ejercicio de promover una economía equitativa e incluyente al mismo tiempo que se cuida el medio ambiente.

De tal manera que recapitular la importancia del constante estudio de las materias enfocadas a la planeación y ordenamiento territorial, con el objeto de encaminar los espacios geográficos y recuperar los asentamientos humanos, es tarea de todos para incentivar proyectos de urbanización y construcción con la finalidad de recuperar el sentido original del concepto de derecho a la ciudad y medio ambiento sano dentro del territorio mexicano, considerando los criterios de diversidad sociocultural, justicia, equidad, respeto, tolerancia, y los derechos humanos.

Desde el punto de vista jurídico, la “participación ciudadana” es la vía enfocada a incentivar la proyección de ciudades universales en donde todos puedan tener espacios dignos para vivir, ya sea de manera individual o conjunta, demostrando que los derechos sociales son más que una simple aspiración, sino un objetivo alcanzable cuando se encuentra dentro de la agenda de la política pública aunado a la categorización de un mandato por cumplir, gracias a nuestros representantes públicos.

Sin perder de vista, que la carga del mantenimiento a los servicios de infraestructura básica son financiados principalmente por las autoridades municipales, por ello, el la “supervisión del cumplimiento de objetivos de índole urbana y ambiental” se convierte en un tema colectivo posterior a las etapas constructivas, para evitar como en el caso de los conjuntos habitacionales que se están proyectando principalmente en terrenos donde el suelo se encuentra vulnerado y sin las suficientes líneas de infraestructura básica porque el crecimiento poblacional se segmenta progresivamente, en consecuencia, las familias de menores ingresos tienden a localizarse en las periferias de las ciudades. Concretándose las políticas públicas exclusivamente en acciones demasiadas limitadas e insuficientes para revertir los fenómenos de segregación social y atender problemáticas como la inseguridad pública y el desempleo, lo cual serán fenómenos constantes hasta que México impulse la construcción de viviendas, comercios, industrias y espacios recreativos, mientras se protege su patrimonio histórico, considerando los principios de un desarrollo urbano municipal sustentable, equitativo y competitivo.

Se habla de la recuperación de espacios geográficos, que no son aprovechados de la manera adecuada, para la realización de proyectos de vivienda social, sin embargo, en la práctica no hay instrumentos legalmente reconocidos que le den esas atribuciones al gobierno sin la contribución de la participación ciudadana. Frente a los cuales las políticas públicas continúan siendo omisas, oscilantes e incapaces de solucionar la dimensión del problema constituido por los miles de habitantes excluidos del mercado formal respecto al suelo habitacional y comercial, además de la progresiva expansión irregular y preservar el suelo sin alto valor ambiental.

Así que una vez analizada la responsabilidad de los ciudadanos en materia ambiental y en cumplimiento del derecho a la ciudad que garantiza el Estado, se puede resumir que la aspiración colectiva a transformar la ciudad que se tiene en Jalisco hacia una entidad donde se imparta la justicia durante la gestión urbana – ambiental de manera democrática, se logrará si todos como ciudadanos nos permitimos fomentar el discurso sobre proponer estrategias políticas de acuerdo con los intereses colectivos sobre intereses individualistas.

En conclusión, fomentar nuevos mecanismos jurídicos de planeación y ordenamiento territorial, son la clave para garantizar y vincular la participación ciudadana hacia entornos en pro del medio ambiente y ciudades dignas, por medio de los criterios pertenecientes a los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de consagrar un nuevos entornos basados en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, con respeto a las diferentes culturas y manteniendo el equilibrio urbano – rural, dentro de los distintos colectivos de habitantes, siempre considerando el usufructo equitativo de las ciudades y un derecho interdependiente a todos los ámbitos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) con la finalidad de comenzar a generar ciudades dignas para futuras generaciones.

Autor: Juan Carlos Rosario Pérez.